Diario de Deseado

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El fuerte discurso de Hebe de Bonafini

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo pronunció otro incendiario discurso. También cargó contra los ruralistas y dijo “que los ricos son el enemigo”

 

Hebe de Bonafini volvió a pronunciar un incendiario discurso tras la tradicional ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, donde esta vez apuntó con insultos contra los medios de comunicación, periodistas y ruralistas. Incluso le exigió a Alberto Fernández que “tome las riendas” de los medios, a quienes no dudó en calificar como “basura y mierda”.

“Si el gobierno de Fernández no toma las riendas con la comunicación, estamos en el horno, porque siguen diciendo de todo por la televisión, todo el tiempo mentiras”, cuestionó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. En esa línea, consideró insuficiente la decisión de la Casa Rosada de no dar más pauta de manera individual a los periodistas.

“Dicen ‘bueno, les van a sacar a los periodistas que cobraban pauta’...ja ja, como me río. Si no les pagan a ellos, se las va a pagar a otros, porque si se la dan al canal, el canal dice ‘tranquilos, ustedes no digan nada, que me la dan a mí, yo la reparto con ustedes’. Miren que difícil que se les va a hacer”, razonó la dirigente, quien acto seguido le habló directamente al mandatario.

 
Hace una semana, Evo Morales junto a Bonafini en la tradicional marcha de los jueves
Hace una semana, Evo Morales junto a Bonafini en la tradicional marcha de los jueves
 

“Fernández, pensá un poquito. Señor presidente, si usted le va a dar la misma plata, pero al canal, el canal la va a repartir para que nos sigan puteando y nos sigan diciendo lo que nos están diciendo. No precisa ser un genio para eso”, fue el mensaje destinado al Jefe de Estado.

Acto seguido, elevó el tono de su mensaje y llegaron los insultos, con nombre propio: “No pueden estar más en la televisión los Majul, es una ofensa. No tengamos miedo en nombrarlos, son una basura”. Tras el exabrupto contra el conductor de La Cornisa, Bonafini cargó contra el diario Clarín: No puede ser que Clarín comande todo, cuando uno escucha lo que dicen, son mentiras, no hay nada que se pueda creer. El diario no me preocupa tanto, porque lo compran los ricos, lo compran ellos, los mismos. Los pobres no compramos Clarín, ni sabemos que existe. ¿Qué es Clarín? Nadie sabe, es apenas un diario de mierda”.

Pero no solo los medios fueron el blanco de los dardos de Bonafini. También cuestionó duramente a los ruralistas, a quienes vinculó con la dictadura militar y responsabilizó “por el hambre de tantos pibes”.

“Los ricos, los que tienen mucho, son nuestros enemigos. No les va a gustar que digamos esto, pero para mí son mis enemigos (...) No podemos querer a todos por igual, no podemos querer a los que nos hacen la vida imposible", lanzó.(Fuente: infobae.com)

 

 

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Julio De Vido y Roberto Baratta

Se trata de David Cohen, el ingeniero que había hecho el primer estudio sobre sobreprecios en la causa que estuvo en manos de Bonadio y Stornelli. Ramos Padilla investigará con quiénes se contactó mientras hacía esa pericia

 

David Cohen, el perito oficial que firmó el primer informe en donde habló de sobreprecios en la causa de Gas Natural Licuado (GNL) y fue clave en las primeras detenciones del ex ministro Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, deberá enfrentar ahora un juicio oral por falso testimonio agravado, según lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos en un escrito al que accedió Infobae. Ese delito tiene una pena de hasta 10 años de prisión cuando se produce en una causa penal. El por qué el perito mintió y con quiénes tuvo contacto antes, durante y después de su estudio quedó ahora bajo la lupa del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa D’Alessio.

De acuerdo al perito, el gobierno de Cristina Kirchner pagó precios superiores a los del mercado y que por eso el Estado tuvo una pérdida de 6.995.926.798 de dólares entre 2008 y 2015. Pero quedó establecido que, en su análisis, Cohen insertó “declaraciones, datos falsos” y hasta citas sacadas de la página web “Rincón del Vago” cuando tenía la obligación de llevar adelante una pericia para “determinar el precio pagado por el Estado Nacional por cada barco de GNL que arribó” a los puertos de Bahía Blanca y Escobar entre 2008 y 2015 y en su caso a qué precio debió haberse abonado.

Según el fallo, Cohen “presentó un informe pericial falaz con contenido espurio en sus considerandos y conclusiones, no cumpliendo con el rol legal que le fuera atribuido y por el que debía velar (...) a sabiendas de sus falsedades”.

Con otras pruebas y otro peritaje, De Vido y Baratta deberán enfrentar juicio oral por la causa Gas Licuado, como parte del megajuicio por cuadernos. Junto a ellos se confirmó el procesamiento de el ex titular de Enarsa Exequiel Espinosa y los empresarios José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi. No estará allí Cristina Kirchner, por esta causa, a la que la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.

 
 
El juez Claudio Bonadio (Gustavo Gavotti)
El juez Claudio Bonadio (Gustavo Gavotti)

El caso GNL tiene una significación especial. La denuncia fue hecha en 2014 por los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Es la causa que permitió que, por conexidad, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli se quedaran con el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, remisero de Roberto Baratta.

GNL también es el expediente por el cual Julio De Vido y Roberto Baratta fueron presos en octubre de 2017. Baratta fue arrestado cuatro días antes de las elecciones de 2017. Días después, fue preso De Vido, cuando perdió sus fueros por este pedido y también por el caso Río Turbio. Aquel procesamiento inicial de Bonadio fue revocado por la Cámara Federal meses después y el perito que había hecho la pericia hablando de sobreprecios, David Cohen, fue procesado por falso testimonio agravado -causa que ahora irá a juicio-. Baratta salió en libertad en marzo, pero Bonadio no porque continuaba arrestado por Río Turbio.

En la causa Gas Licuado, además, declaró a fines de 2018 el falso abogado Marcelo D’Alessio para aportar más pruebas sobre los sobreprecios. Lo hizo ante el fiscal Carlos Stornelli. Después explotó la causa en Dolores. Cuando Ramos Padilla procesó a Stornelli, incluyó esa declaración como una prueba en su contra. En su reciente y frustrado intento de convertirse en arrepentido, D’Alessio confesó haber mentido en aquella declaración por la causa GNL.

 
Roberto Baratta al ser detenido (Gustavo Gavotti)
Roberto Baratta al ser detenido (Gustavo Gavotti)

El juez Bonadio no tomó en cuenta los dichos de D’Alessio para dictar el procesamiento de Cristina Kirchner, De Vido y el resto en marzo pasado.Cuando en octubre pasado le tocó revisar el caso, la Cámara Federal confirmó solo los procesamientos de De Vido, Baratta, el ex ministro menemista Roberto Dromi y su hijo, y el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa.

Mientras tanto, en Comodoro Py, el juez Ramos y la fiscal Paloma Ochoa investigaron la denuncia contra Cohen por falso testimonio agravado, en donde se constituyeron como querellantes De Vido, Baratta, el ex funcionario Walter Fagyas y hasta los Dromi. A la hora de considerar si el caso estaba cerrado, la defensa de De Vido reclamó que la elevación se hiciera de manera parcial hasta que se estableciera por qué Cohen mintió en su pericia. Baratta, en tanto, hizo su propio análisis del primer informe de la oficial de la Corte Suprema DAJUDECO sobre las comunicaciones del perito previo, durante y posterior a su informe y detalló comunicaciones con el estudio jurídico de su tío, el ex ministro del Interior Carlos Corach, con un estudio jurídico vinculado al diputado del PRO Pablo Tonelli y con el de la abogada Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola, ex defensores de Leandro Báez.

 
Julio De Vido durante un juicio oral (Adrián Escandar )
Julio De Vido durante un juicio oral (Adrián Escandar )

Sin embargo, las conclusiones sobre ese informe de la DAJUDECO fueron enviados al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje político-judicial que tiene como cara visible al falso abogado Marcelo D’Alessio. Cuando Baratta se quejó, Ramos afirmó que esa prueba se encuentra “siendo analizada por el Magistrado de Dolores en el marco de la causa n°88/19 (D’Alessio), lo cual no importa de ninguna manera como lo manifestó el querellante, una finalización de alguna línea de investigación que se pretenda sino evidentemente es todo lo contrario”.

Precisamente, Ramos Padilla viene pidiendo copias de la causa GNL. Es que por ese expediente fueron denunciado en su juzgado Bonadio, Stornelli, D’Alessio y el periodista Daniel Santoro. Según Ramos Padilla, “resulta imposible rechazar la competencia” en el caso cuando “el plan delictivo vinculado a GNL Enarsa le ha sido imputado a Marcelo D’Alessio” buscando “blanquear información generada a partir de tareas de espionaje ilegal” en esa investigación.

 
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Las pruebas contra Cohen

Ingeniero designado por sorteo como perito, juró en febrero de 2017 desempeñar legal y fielmente su tarea en el marco de la causa GNL. Sin embargo, según el auto de elevación a juicio al que accedió Infobae, Cohen:

  • insertó “datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile como propio y que no citó ni justificó su omisión de hacerlo”,
  • “utilizó como indicador al momento de calcular los precios que se debían pagar por el GNL el indicador Henry Hub a sabiendas de que ello no era comparable con el precio de mercado de GNL”,
  • “omitió deliberadamente calcular la ganancia y/o prima de la exportadora de GNL a la cual debía pagarse,”
  • “citó para fundar parte de su pericia a un organismo que denominó Comisión Europea de Energía que no existe,
  • ”introdujo a su pericia diversas fuentes periodísticas y de internet, entre otras, que no citó ni justificó y/o explicó su origen, trastocando de este modo la verdad o parte de ella, afirmando respuestas a cuestiones planteadas en la pericia de manera falaz, las que por su profesión y compromiso legal debían ajustarse al estudio pericial encomendado por el Juzgado”.
  • Además, al declarar ante Bonadio en agosto de 2017 y explicar “la estructura de su informe pericial entregado al Juzgado, omitió y/o calló a la verdad al momento de invitársele a explayarse sobre su estudio pericial, como así también respecto de dónde había obtenido los valores a los que tomó de referencia, volviendo a citar como por ejemplo a la Comisión Europea de Energía que no existe”.

La defensa de Cohen había reclamado el sobreseimiento. El juez Ramos lo rechazó. “No se encuentra en discusión, por lo menos para esta instancia, que David Cohen, como perito oficial designado en debido tiempo y forma en la causa n°10456/14, debía cumplir con una tarea, la cual no sólo no cumplió debidamente conformándose a su rol, sino que además su conducta se incardinó a cometer un ilícito penal, defraudando de esta manera las expectativas que por razón de su cargo se esperaban de él, cuestión ésta que ya acreditada en esta instancia”, afirmó.(Fuente: Infobae.com)

 

 

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El almuerzo de los Moyano con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni

Fue el eje de una comida entre el camionero y el ministro de Trabajo, tras la cual el gremio recordó que exige “paritarias libres”. El líder sindical presionará para obtener un 33% de compensación y se resiste a diferirlo a cambio del incremento que dará el Gobierno por decreto

 

El líder camionero Hugo Moyano se resiste a aceptar la postergación de las paritarias a cambio del aumento de suma fija por decreto que otorgará el Gobierno en los próximos días a todos los trabajadores, pero avaló que se analice alguna fórmula de actualización salarial indirecta que no complique la estrategia de Alberto Fernández en materia remunerativa, imaginada como la antesala del Consejo Económico y Social al que convocará el Poder Ejecutivo en forma inminente.

Esa es la conclusión que se habría llevado el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de la comida que mantuvo con Moyano y otros dirigentes de su sector, que se hizo el lunes pasado en la Federación de Camioneros, con la excusa de charlar y brindar por las fiestas de fin de año.

Moroni dio el visto bueno a la invitación de los camioneros luego de consultarlo con el presidente Fernández, que sabe de la renuencia de Moyano a aceptar una tregua salarial para permitir reacomodar la economía en el contexto de una instancia de diálogo entre Gobierno, empresarios y sindicalistas.

De la comida, que se extendió por casi dos horas, participaron también Pablo Moyano y otros dirigentes camioneros como Omar Pérez y Héctor Maldonado, además de Moroni y Hugo Moyano.

 

El sindicato camionero acordó hace veinte días con el 80% de los empresarios del sector el otorgamiento de un bono navideño de 20.000 pesos y anunció que marchará mañana para lograr un ajuste salarial del 33% para el primer semestre de 2020, como una forma de mejorar el 23% de incremento que había pactado para el segundo semestre y compensar así el alza inflacionaria.

Después de la comida con el ministro de Trabajo, el gremio camionero difundió un comunicado de prensa para informar sobre el encuentro con el ministro, en el que sostuvo que “el planteo al ministro Moroni fue cuidar el poder adquisitivo de los que ponen el hombro para el crecimiento del país, respetar los derechos adquiridos en tanto años de lucha y dejar atrás todo intento de reforma laboral que atropelle la dignidad de las familias”.

“Entre los pedidos realizado por Hugo Moyano está que las paritarias sean libres y que los empresarios, luego de cuatro años de amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país”, señaló el texto del sindicato.

De todas formas, en el último párrafo se destacó: “Camioneros ratificó el acompañamiento y apoyo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, manifestando que todo el país sabe el esfuerzo que están realizando para sacarnos del pantano que dejó el gobierno de derecha que atropelló a los más vulnerables, sumergiendo al pueblo en la pobreza”.

 
Pablo y Hugo Moyano, al llegar para el acto de asunción de Alberto Fernández (Foto Maximiliano Luna)

Pablo y Hugo Moyano, al llegar para el acto de asunción de Alberto Fernández (Foto Maximiliano Luna)

 

Moyano no quedó conforme con el reparto de cargos y de espacios de poder en el actual gobierno. Pretendía ubicar a un asesor propio (Guillermo López del Punta) en el Ministerio de Transporte, pero no pudo lograrlo y ni siquiera fue consultado sobre la designación de Mario Meoni al frente de esa cartera. Tampoco consiguió que su hijo Facundo fuera elegido ministro de Turismo y Deportes, ni colocar a alguien propio en la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo (que finalmente recayó en alguien puesto por el taxista Jorge Omar Viviani, un adversario interno). El líder camionero ahora pugna por lograr que Alberto Fernández le permita nominar al nuevo interventor de la empresa de correo OCA.

El Gobierno había anunciado que a principios de este año otorgaría una suma fija por decreto para compensar la pérdida del poder adquisitivo por el aumento de la inflación en 2019, que sería de entre $6.000 y $9.000 y se daría a cuenta de lo que negocie posteriormente en las paritarias. Sin embargo, la resistencia empresarial y sindical al “decretazo” de Alberto Fernández complicó los tiempos y el anuncio sigue en suspenso. Ayer, fuentes gubernamentales dijeron que “se demorará unos diez días”.

"Queremos que los sectores que perdieron poder adquisitivo recuperen lo más que puedan. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo”, afirmó Moroni el 22 de diciembre pasado al dar precisiones sobre el aumento por decreto.

Mientras un sector del sindicalismo que está por discutir sus paritarias mira con recelo la propuesta oficial de postergar la negociación colectiva y aceptar, a cambio, una suma fija a cuenta de futuros aumentos, el empresariado también mantiene sus reparos al decreto salarial del Gobierno.

“Hay paritarias con tramos de incremento pendientes desde ahora y hasta mayo o junio 2020 porque las negociaciones son anuales y en la industria se producen en el periodo marzo/ junio y la renovación es entonces por año aniversario y no calendario”, advirtió a Infobae un dirigente industrial.

 
Alberto Fernández, durante su encuentro con los empresarios de AEA

Alberto Fernández, durante su encuentro con los empresarios de AEA

 

La misma fuente afirmó que “hoy existen negociaciones con cláusulas de revisión, que implican sentarse a discutir ajuste y monto, y otras con cláusula gatillo de ajuste automático, lo que hace que tales paritarias estén siguiendo el ritmo de la inflación”.

El portavoz empresarial también le pidió al Gobierno que el incremento de monto fijo incluya “una cláusula de compensación o absorción de cualquier otro importe acordado o a acordar”.

“Claramente hemos señalado que el aumento por decreto debería ser no remunerativo para evitar descuentos de cargas sociales y que llegue íntegro al bolsillo del trabajador (o sea, importe bruto igual al neto), al mismo que, dándole carácter alimentario y no remunerativo, no se proyecta sobre adicionales ni impacta en las categorías de convenio. Así se aplicó éxitosamente en la crisis de 2002-2003″, añadió el representante del sector patronal.

El dirigente empresarial dijo que “hay que analizar el financiamiento y los fondos para pagar este importe pues ni las pequeñas empresas ni las economías regionales están en condiciones de afrontar su pago y mucho menos de pagar altas tasas de interés. Si se quiere una medida efectiva -agregó-, hay que atender también el financiamiento en una economía en la que la producción industrial está con alto grado de capacidad ociosa y sin posibilidad de que dicho cuadro se revierta en lo inmediato”.(Fuente: infobae.com)

 

 

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La presentación del gabinete de Alberto Fernández (Franco Fafasuli)

Si bien los funcionarios tienen plazo hasta el 27 de enero para hacer la presentación ante la Oficina Anticorrupción, los que pasaron por el Congreso actualizaron recientemente sus datos. La mayoría de los miembros del Gabinete tiene más bienes que el Presidente y que la vicepresidenta Cristina Kirchner

 

Sobre el cierre del año, ninguno de los miembros del Gabinete de Alberto Fernández presentó aún sus declaraciones juradas actualizadas ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la ley de Ética Pública para los funcionarios del Poder Ejecutivo. La norma indica que tienen que informar el detalle de su bienes, acciones, dinero en efectivo y en cuentas bancarias e ingresos en el momento de asumir el cargo. En el caso de los ministros fue el 10 de diciembre pasado. Para presentar su DDJJ de “alta”, la norma fija un plazo de 30 días hábiles a partir de ese momento que, por los feriados de las fiestas, se cumplirá el 27 de enero.

Tampoco lo hicieron, hasta el momento, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ni dos de los secretarios de mayor confianza de Fernández: Vilma Ibarra, de Legal y Técnica, y Gustavo Béliz, de Asuntos Estratégicos.

En su nuevo rol como Presidente todavía no lo hizo el propio Fernández. No obstante, había presentado su declaración jurada como candidato en agosto pasado, correspondiente al 2018. En ese momento, informó tener poco menos que $3 millones al 31 de diciembre de ese año.

El mandatario declaró un departamento de 175 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, que adquirió en el año 2000, con una valuación fiscal de casi $1 millón; un auto Toyota Corolla modelo 2016, cotizado en $410.000, y el 50% de la firma Inmueble Callao SA. Esta firma la creó hace 20 años en sociedad con su ministra de Justicia, Marcela Losardo, y a su nombre está el estudio jurídico que compartían hasta su desembarco en el Ejecutivo. Fernández declaró dinero por sólo $62.000 y dijo no tener dólares en el banco.

 
 
Alberto Fernández, en funciones como Presidente

Alberto Fernández, en funciones como Presidente

 

De los 21 ministros y jefe de Gabinete que contempla el nuevo organigrama del Ejecutivo, seis funcionarios vienen de la función legislativa, por lo que en el segundo semestre de este año debieron presentar sus declaraciones juradas como diputados, correspondientes al 2018. Ellos son Eduardo “Wado” de Pedro, Daniel Arroyo, Felipe Solá, Agustín Rossi, Roberto Salvarezza y Luis Basterra. A este grupo se suma Matías Kulfas, ministro de Producción, quien también presentó la suya correspondiente al año pasado como secretario de investigación y docente en la Universidad Nacional de San Martín.

Oficina acéfala

Ante la consulta de Infobae a la Oficina Anticorrupción sobre si los funcionarios que venían del Poder Legislativo debían presentar al ingresar al Ejecutivo una nueva declaración de “alta”, actualizada al momento de asumir el cargo, respondieron que “entendían que sí debían hacerlo”.

Sin embargo, admitieron que al estar la OA acéfala desde el 10 de diciembre luego de la renuncia de Laura Alonso, no había habido una directiva explícita o comunicación del organismo en ese sentido a los nuevos funcionarios. “Deberían presentar una nueva ya que nosotros desde la OA no hacemos control patrimonial al Poder Legislativo y, de hecho, la norma dice que deberían presentar una declaración inicial al asumir en un nuevo cargo, con su patrimonio a ese momento”, explicaron en el organismo.

Lo cierto es que aún no fue designado formalmente el fiscal Félix Crous al frente del organismo, pese a que fue anunciado. El área de Declaraciones Juradas de la OA está a la espera de que se concrete ese nombramiento y se especifique la obligatoriedad para los funcionarios que pasan del Legislativo al Ejecutivo de actualizar su DDJJ.

Los funcionarios deben completarla electrónicamente a través de un formulario de la AFIP. Luego el organismo de recaudación la envía a la OA que, primero, tiene que separar los anexos reservados, para luego recién subir la parte pública a su sitio web para la consulta ciudadana.

Lo cierto es que “como hay ministerios nuevos, el sistema informático tiene que darlos de alta y eso puede demorar un poco más”, explicaron en la OA a Infobae.

Los que presentaron su DDJJ del 2018

Infobae Data analizó las DDJJ del 2018 de los siete nuevos ministros que sí estaban registradas en el sitio de la Oficina Anticorrupción por su rol previo en el Congreso y/o una Universidad Nacional. De ese relevamiento surge que todos ellos tienen mayor patrimonio que el primer mandatario y su vicepresidenta.

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Para navegar este gráfico seleccione la variable que desea visualizar en la barra superior donde dice “Total Patrimonio último”. Si no puede ver bien el gráfico, haga click aquí.

Como senadora, Cristina Kirchner informó al 31 de diciembre de 2018 un patrimonio que no llega a los $3 millones. Solo declaró dinero en pesos en cuentas bancarias y un crédito de la AFIP de $1.130.000. La ex presidenta no tiene inmuebles ni acciones societarias ya que los donó en marzo de 2016 a sus hijos, Máximo y Florencia. Por este donación fue investigada por presunta “insolvencia fraudulenta” por ceder sus bienes para evitar posibles embargos judiciales, pero fue sobreseída hace diez días por el juez federal Luis Rodríguez.

Otro dato que surge de las declaraciones juradas del 2018 de esos siete ministros es que ninguno tiene dinero en el exterior, como sucedía con el gabinete de Mauricio Macri. Y solo dos declararon tener más de $10 millones de patrimonio: De Pedro, al frente de Interior, y Solá, a cargo de la Cancillería.

El ministro que menos patrimonio tiene de los analizados es Luis Basterra, titular de Agricultura, que declaró $1,7 millones al cierre del año pasado.

Vale recordar que los inmuebles consignados en las declaraciones juradas están a valor fiscal, que suelen ser entre un tercio y un cuarto inferiores al valor de mercado.

El patrimonio de “Wado” De Pedro

De 43 años, el nuevo ministro del Interior y ex diputado nacional del FPV es el más rico de los siete ministros analizados. Informó más de $16 millones. También es el que declaró mayor evolución patrimonial en 2018. Ese año, sus bienes y dinero al final del período aumentaron $4,5 millones.

Diputado nacional desde 2011 por el Frente para la Victoria, renunció a un tercer mandato en la Cámara baja el 10 de diciembre último para asumir en el gabinete de Fernández. Militante de La Cámpora, durante el último año del gobierno de Cristina Kirchner fue secretario general de la Presidencia. Entre 2009 y 2011 se había desempeñado como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas.

 

"Wado" de Pedro, ministro de Interior desde el 10 de diciembre. (Gustavo Gavotti)

 

De Pedro, de 43 años e hijo de dos militantes peronistas desaparecidos, Enrique De Pedro y Lucila Révora, tenía dos años cuando fue secuestrado con su madre en octubre de 1978. Tres meses después fue entregado por los militares a sus tíos maternos, con quienes se crió en la localidad bonaerense de Mercedes juntos a sus tres primos, a los que considera sus hermanos.

Con ellos -Gerónimo, Juan Ignacio y Dolores Ustarroz- es dueño por parte iguales de la firma agropecuaria Ustare SA. Gerónimo Ustarroz, su mano derecha y ex asesor, fue designado hace unos días representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y Juan Ignacio es el actual intendente de Mercedes, reelegido en las últimas elecciones por el Frente de Todos.

Según explicaron en su entorno a Infobae, a Ustare SA la crearon los cuatro hermanos-primos en 2010 a partir de haber heredado por vía paterna un 25% de la sociedad familiar Cegama SA, dueña de dos campos en La Pampa y un departamento.

La cuarta parte de Ustare que le pertenece a De Pedro la valuó en $574.154 a fines de 2018. De Pedro es también dueño del 95% de la empresa agropecuaria Dos Luceros SA, que crearon en 2013 junto con su prima y hermana de crianza Dolores Ustarroz, de profesión contadora. Con esa sociedad explotan el campo en Mercedes de 890.000 m2 que recibió por herencia materna. Su porcentaje accionario en Dos Luceros lo valuó en $3.100.000, y el campo tiene una valuación fiscal de $1.500.000.

En 2017, De Pedro creó, a su vez, una empresa unipersonal con su nombre, cuya valuación informó en $140.000.

El actual ministro del Interior y hombre clave dentro del gabinete en las negociaciones con los gobernadores, declaró tener cuatro inmuebles. Además del campo que heredó, en el año 2000 compró un departamento de 56 m2 valuado en $200.000 con los bonos del Estado que recibió por la indemnización por ser hijo de desaparecidos. Cinco años más tarde, también por la venta de esos bonos, adquirió un local en Mercedes de 250 m2 que destina a “alquiler” y valuó en $400.000. En 2015, el último año que estuvo en el gobierno de Cristina Kirchner, adquirió la casa donde vive en San Telmo, de 200 m2, con una valuación fiscal de $3 millones.

Tiene un VW Golf, modelo 2015, valuado en $ 335.000. En cuanto al dinero en cuentas bancarias, declaró poco más de $1 millón, cifra que incluye unos USD 17.000.

Los bienes de Daniel Arroyo

El segundo ministro de mayor patrimonio según las últimas declaraciones juradas disponibles en el sitio de la OA, correspondientes al 2018, es Daniel Arroyo, a cargo de la cartera de Desarrollo Social. También renunció como diputado a la Cámara baja el 9 de diciembre -pese a que le quedaban dos año más de mandato- para asumir en el Poder Ejecutivo.

Este licenciado en Ciencias Políticas de 53 años declaró un patrimonio de $10 millones. Es docente universitario con un cargo como titular en la Universidad Nacional de Moreno, en el que pidió licencia el 9 de diciembre sin goce de sueldo, según le dijo a Infobae. “Lo hice, más allá de que no fuera incompatible con mi rol en el Ejecutivo”, aclaró.

 
Daniel Arroyo, experto en políticas sociales, actual ministro de Desarrollo Social (Nicolás Stulberg)

Daniel Arroyo, experto en políticas sociales, actual ministro de Desarrollo Social (Nicolás Stulberg)

 

La mitad de su patrimonio está conformado por cuatro inmuebles: una casa de 150 m2 en la que vive, en Olivos, en el norte del Gran Buenos Aires, que adquirió en 1998 con una valuación fiscal de $619.000.

Además, tiene otro departamento de 100 m2 en Martínez, que su mujer odontóloga usa como consultorio, con una valuación de casi $4 millones. Asimismo, según su DDJJ, es dueño de otros dos departamentos, el 50% de un departamento de 50 m2 en Martínez, y otro de 70 m2, en la Ciudad de Buenos Aires, que compró hace dos años. Finalmente invirtió $2 millones en un departamento en un pozo a través del Fideicomiso Salguero, $2.000.000, que se acaba de terminar de construir y en el que está viviendo su hija, según le explicó a Infobae.

En cuanto a autos, declaró tener un Ford Focus del año 2014 cuyo valor es de $300.000. Informó dinero en cuentas bancarias -y una cantidad menor en efectivo- por casi $2.100.000, que incluyen USD 51.000.

Su evolución patrimonial en 2018 fue de $2.700.000.

Felipe Solá: sin vivienda propia

En tercer lugar, según la declaración jurada disponible en la OA como legislador correspondiente al 2018, el ministro con más patrimonio es Solá, titular de la Cancillería: informó bienes y dinero por $6.770.000.

No declaró vivienda propia porque el campo donde vive, en General Rodríguez, está a nombre de su mujer, según le explicó a Infobae.

 
Felipe Solá, al jurar como canciller de Alberto Fernández (Gustavo Gavotti)

Felipe Solá, al jurar como canciller de Alberto Fernández (Gustavo Gavotti)

 

Informó tener el 11% de una casa en Miramar, provincia de Buenos Aires, que recibió como parte de la herencia de sus padres, y el 19% de un lote en Chapadmalal de 2.400 m2, que compró en 2005 en forma compartida, y cuya valuación fiscal es $33.000.

También es dueño del 31% de un terreno en la localidad bonaerense de Luján de 23 hectáreas, que ingresó a su patrimonio en 2012, y -según afirmó- no pudo escriturar “por problemas del dueño”- que valuó -su parte- en $1.377.000.

Declaró dos vehículos: una Toyoya Hilux 4x4, modelo 2009, valuada en $525.000 y una Subaru Impreza modelo 2010, tasada en $402.000. También informó casi $3.300.000 en el banco y/o efectivo, que incluyen USD 80.000. Su evolución patrimonial en el 2018 fue de $2.600.000.

Si bien Solá tiene otorgada la jubilación por gobernador de la provincia de Buenos Aires y hasta el 10 de diciembre se desempeñaba como diputado nacional, explicó que solo cobró un ingreso. “La ley dice que solo puedo cobrar el sueldo de la función que cumplo si estoy en actividad. Por eso, hasta ahora, cobré como diputado. Si esa cifra es menor a la jubilación como gobernador, cobro la diferencia hasta ese monto. Todavía no sé cuál es mi sueldo como ministro”, afirmó.

Patrimonios de $3 millones

Otros tres ministros del actual gabinete declararon tener en 2018, como legisladores o docentes universitarios, un patrimonio que ronda entre $3 y $3,5 millones.

Uno es el titular de Defensa, Agustín Rossi, quien como diputado informó a mitad de año un patrimonio $3.494.973 al 31 de diciembre del 2018. Otro es Roberto Salvarezza, diputado nacional por Formosa hasta ser nombrado al frente de Ciencia y Tecnología, quien declaró $3.413.760. El tercero es Kulfas, ministro de Producción, quien tenía un cargo en la Universidad Nacional de San Martín y declaró $3.222.492.

Varios de los actuales integrantes del Gabinete ocuparon ya cargos en el Ejecutivo nacional, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en los dos de Cristina Kirchner. Todos ellos deberán presentar nuevamente su declaración jurada “inicial”, al igual que los que debutan por primera vez en la función pública antes de que finalice enero.

Luego, la ley establece que deberán hacerlo anualmente con la actualización de su patrimonio, para que la OA puede controlar un posible enriquecimiento ilícito o conflictos de interés por su actividad profesional en el ámbito privado.

Cómo se procesó la información

Las DDJJ se descargaron del sitio para consulta pública de la Oficina Anticorrupción. Los PDF se subieron a Document Cloud para su apertura, tarea que se completó usando la herramienta Tabula.

La hoja de cálculo con los datos y links de acceso a los originales puede consultarse en este enlace.(Fuente: Infobae.com)

 

 

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Guido Sandleris fue el tercer y último presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri

El incremento superó con creces las previsiones del gobierno de Mauricio Macri, que proyectaba una paridad promedio de $40,10 para el año en que regresaron las restricciones cambiarias

 

Salto abrupto de la paridad, tres o cuatro meses de estabilidad y un nuevo salto, más abrupto aún que el primero. Así podría sintetizarse la evolución de la carrera entre el peso y el dólar desde finales del tercer trimestre de 2018 hasta la actualidad, en un recorrido iniciado con la dureza monetaria de la “emisión cero” y que en la última semana del año cierra con un recargo del 30% establecido por ley.

El año termina con un incremento punta a punta en la cotización del dólar del 110,8%, incluyendo el impuesto. El alza fue superior al ya elevado 105,3% de 2018, cuando una combinación de factores le hizo perder al macrismo el control de una variable que en sus primeros dos años de gobierno no le había creado sobresaltos.

En lo que respecta a 2019, los primeros 45 días fueron de relativa calma en el mercado de cambios, con un dólar que arrancó a $38,85 según el promedio minorista realizado por el Banco Central y que llegó a $ 39,94 el 12 de febrero. Apenas 9 centavos de suba en un mes y medio, una estabilidad que iba de la mano de la permanente baja de la tasa de las Leliq que en el inicio del segundo mes del año llegó a ser de más de un punto porcentual por día.

 

Esa pax cambiaria se interrumpió el 14 de febrero, en consonancia con la difusión del índice de precios al consumidor de enero por parte del INDEC. El 2,9% marcaba el fin de la seguidilla de tres bajas mensuales que había entusiasmado al oficialismo. Los actores económicos advirtieron que el plan monetario puesto en ejecución 5 meses atrás por Guido Sandleris no era tan sólido como se creía y le bajaron el pulgar.

Fue así que la estabilidad cambiaria que había comenzado a mediados de octubre de 2018 llegó a su fin y la cotización del dólar tuvo un salto de 19,1% en tres meses. Una vez que se completó el salto, los $46,39 del 13 de mayo parecieron marcar el inicio de un nuevo período de estabilidad cambiaria que volvió a traer tranquilidad entre la dirigencia de Juntos por el Cambio. Desde entonces, blandiendo trabajos de diferentes encuestadores, los funcionarios confiaban en que un dólar quieto se traduciría en mejores expectativas de cara a las elecciones PASO del 11 de agosto, con tan solo un 0,3% de aumento de la cotización de la moneda estadounidense en tres meses.

En el medio de los dos extremos de la mini-estabilidad, el Banco Central había resuelto cambiar su política para manejar la paridad cambiaria. La “zona de no intervención”, con una banda dentro de la cual el dólar podía cotizar sin que la autoridad monetaria comprase (o vendiese) divisas para contener su baja (o su suba) dejó de ajustarse diariamente y se congeló en un máximo de $51,448. Posteriormente la “zona de no intervención” pasó a ser simplemente una “zona de referencia” hasta que la agudización de la depreciación del peso la relegó al arcón de los recuerdos.

 
Con la aplicación del recargo del 30% dispuesto en la ley de Solidaridad, la cotización del dólar cerró 2019 con una suba punta a punta de 110,8%

Con la aplicación del recargo del 30% dispuesto en la ley de Solidaridad, la cotización del dólar cerró 2019 con una suba punta a punta de 110,8%

 

Asimismo, el apoyo del FMI al Gobierno se plasmaba en periódicos desembolsos que llevaron el 9 de abril a un nivel récord en las reservas internacionales de US$ 77.481 millones, más del triple que las que habían recibido Mauricio Macri y Federico Sturzenegger el 10 de diciembre de 2015. De todos modos, los observadores independientes tomaban distancia de la euforia macrista y advertían que sin el cómputo de esas asistencias las reservas mostrarían una caída continua desde el segundo trimestre de 2018.

 Gracias a los recursos provenientes de los desembolsos del FMI, las reservas alcanzaron el 9 de abril el récord de USD 77.481 millones

El lunes posterior a las PASO fue un baldazo de agua fría en las huestes oficialistas. En tres días, la cotización del dólar minorista se disparó el 33,5%. Si bien desde entonces la cotización tuvo oscilaciones en un rango entre los $58 y los $65, esa evolución no puede analizarse sin tener en cuenta que el Banco Central debió volver a las intervenciones en el mercado mayorista con la venta de un importante volumen de divisas de más de USD 4.000 millones. Además, elevó la tasa de las Leliq al récord de 85,911% el 10 de septiembre, casi el doble que los 43,937% del mínimo de aquel lejano 14 de febrero que marcó el punto de inflexión en esta historia.

Las reservas habían caído a USD 54.100 millones el 30 de agosto, USD 23.381 millones menos que el récord del 9 de abril. Suficiente como para que al día siguiente se dispusiera la primera restricción cambiaria del año, con un tope de US$ 10.000 mensuales de compra para las personas humanas que tampoco alcanzó para frenar la sangría. Un nuevo torniquete mucho más severo se aplicó horas después de confirmarse el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del 27 de octubre, bajándose el límite a US$ 200.

 En los días posteriores a las PASO, se profundizó la caída de reservas internacionales y se disparó la cotización del dólar. El 1° de septiembre y el 27 de octubre, el Banco Central resolvió aplicar sendas medidas de restricción para la compra de moneda extranjera

En esas condiciones Macri entregó el poder a Fernández, que trece días después de asumir aplicó a su manera un nuevo salto en la cotización. Esta vez fue por ley y sin abandonar las restricciones heredadas: aplicó un recargo del 30% para todas las operaciones de compra minorista y con tarjeta en el país y el exterior.

Si además se tiene en cuenta la implementación de retenciones a la exportación con alícuotas diferentes según el cultivo, el año termina con por lo menos una decena de variantes de dólares: “solidario” (con el recargo del 30%), blue, bolsa, contado con liqui, sojero (con retenciones que pueden llegar al 33%), triguero (15%), Vaca Muerta (8%), carne (9%), de economía regionales (5%), más los que pudieran eventualmente surgir en un futuro no muy lejano.

De esta manera termina un año para el que se había previsto una paridad promedio de $40,10 por dólar en el proyecto de ley de Presupuesto. Un proyecto que esperaba un dólar de $50,50 recién para el 2022.(Fuente: infobae.com)

 

 

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La diplomática se entrevistó con el subsecretario de relaciones exteriores (Foto: Twitter @SRE_mx)

El Gobierno de Bolivia solicitó el lunes a la embajadora de México y al cónsul de España que se retiren del país andino, luego de que el Gobierno mexicano denunció que autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz

 

María Teresa Mercado, embajadora de México expulsada de Bolivia, llegó la tarde de este martes 31 de enero de 2019 a la capital del país.

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga recibió a la embajadora en la Ciudad de México, donde mantuvieron un encuentro para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en Bolivia.

Mercado regresó a México Luego de una tensa situación con el gobierno de Bolivia y después de la polémica que se ha desatado por el asilo temporal que se le dio en México al ex presidente de esa nación Evo Morales.

El Gobierno de Bolivia solicitó el lunes a la embajadora de México y al cónsul de España que se retiren del país andino, luego de que el Gobierno mexicano denunció que autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, dio a la representante mexicana, María Teresa Mercado, y al funcionario español, Álvaro Fernández, 72 horas para abandonar el país, escalando la tensión diplomática con el Gobierno de México, que en noviembre asiló al expresidente Evo Morales.

“Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”, dijo a periodistas Añez, quien también expulsó a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero.

A los pocos minutos del anuncio, la cancillería mexicana instruyó a Mercado a regresar a su país para resguardar “su seguridad e integridad”. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo que expulsará a tres diplomáticos bolivianos de España como respuesta a la decisión de La Paz.

 
Activistas de la resistencia civil detienen un vehículo en la entrada de la Urbanización La Rinconada, donde se ubica la residencia del embajador mexicano, en La Paz, Bolivia, (Reuters: Manuel Claure)

Activistas de la resistencia civil detienen un vehículo en la entrada de la Urbanización La Rinconada, donde se ubica la residencia del embajador mexicano, en La Paz, Bolivia, (Reuters: Manuel Claure)

 

La expulsión de los representantes es el último capítulo del progresivo deterioro de las relaciones entre Bolivia y México, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio asilo político a Morales, quien renunció a su cargo a inicios de noviembre tras unas cuestionadas elecciones.

Morales fue presionado a renunciar por las fuerzas armadas, en lo que él sostiene que fue un golpe de Estado. Nueve de sus aliados se refugiaron en la embajada mexicana en La Paz, que denunció hostigamiento por vigilancia policial.

"Lo que no podemos tolerar es el abuso y la prepotencia de sus gobernantes (de México y España) que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo", dijo Añez.

El viernes, México denunció que los vehículos de diplomáticos españoles que visitaron la residencia diplomática en La Paz fueron detenidos cuando los representantes europeos estaban por abandonar el recinto.

 
Policías cerca de un vahículo diplomático en la entrada de la Urbanización La Rinconada (Foto: REUTERS/Manuel Claure)

Policías cerca de un vahículo diplomático en la entrada de la Urbanización La Rinconada (Foto: REUTERS/Manuel Claure)

 

Por su parte, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que la decisión de las autoridades bolivianas se había tomado porque los funcionarios españoles estaban acompañados por encapuchados que fueron considerados una amenaza para la seguridad.

A pesar del impasse, el gobierno mexicano dijo el lunes que, al menos por ahora, no tiene intenciones de romper relaciones diplomáticas con Bolivia ni declarar persona non grata a su embajador en Ciudad de México, José Crespo.

“No podemos negar que existe una tensión entre el gobierno de México y las autoridades en Bolivia”, dijo la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez, en rueda de prensa, donde insistió en que el de Añez es un “gobierno de facto”.(Fuente: infobae.com)

 

 

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Alberto Fernández: "La fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero". Créditos: NA.

El Presidente defendió las modificaciones en la fórmula de movilidad sancionada en la Ley de Emergencia Económica.

 

El presidente Alberto Fernández defendió este martes los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el proyecto de Ley de Emergencia Económica y dijo que la fórmula que planteó Mauricio Macri "es impagable".

"Si quieren la mantenemos (por la fórmula de movilidad), pero los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero. La fórmula anterior era mucho más razonable y los jubilados no perdían dinero", señaló en diálogo con radio Continental.

"Los jubilados han sido muy mal tratados en este tiempo. Lo que hizo Macri es de una gran irresponsabilidad. Ellos necesitaban 150 mil millones de pesos para financiar a la Provincia de Buenos Aires y al interior, le sacaron esa plata a los jubilados, le dejaron de pagar el aumento durante todo el trimestre, hubo una inflación desmedida y ahora cómo le pagamos", se preguntó el exjefe de Gabinete.

En este sentido, el jefe de Estado negó que el Gobierno "haya congelado las jubilaciones" y destacó que en junio estará lista la nueva fórmula a través de la que se calculará el aumento.

"La fórmula que existía antes tenía más racionalidad, porque era mix que contemplaba cómo aumentaban los salarios y cuánto dinero ingresaba al Estado. Y considerando estas variables se aumentaban el sueldo a los jubilados. Los jubilados no perdieron en términos reales dinero con esa fórmula", destacó.(Fuente: tn.com.ar)

 

 

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