Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en el brindis de fin de año de la Corte Suprema.

Esperaba un fallo adverso sobre el cálculo para actualizar jubilaciones, pero no el recorte de facultades a Rosenkrantz, presidente del máximo Tribunal.

 

El Gobierno esperaba un fallo adverso de la Corte Suprema sobre el cálculo para actualizar jubilaciones y pensiones. Tuvo como postrera ilusión que la decisión se postergara hasta febrero. Pero la derrota política, antes o después, iba a suceder. En cambio, no previó un segundo traspié que coronó la última audiencia del año del máximo Tribunal: el recorte de facultades para su presidente, Carlos Rosenkrantz. Uno de los dos magistrados que propuso Mauricio Macri cuando inició su mandato en 2015 para oxigenar la cima del Poder Judicial. El otro fue Horacio Rosatti, ex ministro de Néstor Kirchner, coronado por consejo de la diputada Elisa Carrió.

Por inesperado y brutal, tal vez, el segundo mandoble sonó más doloroso. Aunque el modo de votación sobre el juicio entre Lucio Blanco y la ANSeS, por la fórmula que debe aplicarse a la actualización de los haberes, presagió la tormenta que vendría. Rosenkrantz volvió a votar en soledad. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Rosatti y Elena Highton constituyeron la mayoría que declaró inconstitucional el índice que utiliza la ANSeS. El titular de la Corte había quedado en esa incómoda postura cuando el Tribunal, después de una movida del Congreso, se abroqueló a favor de no beneficiar con la aplicación del dos por uno a las causas ligadas a delitos de lesa humanidad.

La Corte, para darle salida institucional al pleito, le pidió al Congreso que fije “en un plazo razonable” el indicador para la actualización de los haberes en el período 1995-2008. Mientras tanto, determinó que la adecuación se realice con el mecanismo (ISBIC) que tuvo mayor variación entre 1995-2009: un 435% contra el 178% de la fórmula que había utilizado la ANSeS para la denominada reparación histórica de los jubilados.

Los cuatro jueces que votaron a favor de la inconstitucionalidad se ocuparon de aclarar que no se vislumbra ninguna hecatombe. Quizá, para contrarrestar los alertas de la Casa Rosada sobre el impacto en las cuentas fiscales y el acuerdo suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución de este martes incumbe sólo al caso Blanco. Aunque disparará otros litigios. Los hombres de la Corte se encargaron de hacer dos precisiones. El Estado afronta por año alrededor de 30 mil juicios previsionales cuya liquidación está prevista en el Presupuesto. Esa cifra tal vez trepe en el futuro a 40 mil. Pero nunca podría desbordar las previsiones presupuestarias.

El caso del cercenamiento a Rosenkrantz transmite una llamativa combinación de errores personales con otros de mala praxis de la mesa judicial que entorna a Macri. Entiéndase: José Torello, José Rodríguez Simón, Pablo Clusellas, el secretario Legal y Técnico y Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. El macrismo, por lo visto, no se ha propuesto extirpar uno de los peores vicios que enfadan a Carrió: la intervención de los espías en las decisiones judiciales. De ese equipo participó activamente hasta el 9 de diciembre Daniel Angelici. Pero la catástrofe de Boca lo obligó a focalizar sus energías en el club. Ahora no anda detrás de jueces sino de directores técnicos a fin de encarrilar un rumbo que ha colocado en riesgo la hegemonía macrista en el club de la Ribera. El año próximo, como en el país, también allí se celebrarán elecciones.

No bien Rosenkrantz logró quebrar el dominio de Lorenzetti por más de una década en la Corte, habría cometido un pecado. Sentirse, al decir irónico de uno de los jueces, nuevo emperador de Roma. Su primera acción tuvo éxito. Bloqueó el Centro de Información Judicial (CIJ) y detonó la separación de la secretaria del organismo, María Bourdin. Comarca manejada a gusto y eficacia por el abogado de Rafaela. Eso generó un intercambio de acusaciones poco decorosas entre el nuevo presidente de la Corte y su antecesor. Lorenzetti hasta habló de violencia y maltrato de género. Precursor, como se ve, de un debate que ocupa la escena pública.

De inmediato, Rosenkrantz pretendió desplazar al secretario administrativo de la Corte, Héctor Daniel Marchi. Un contador que quiso en origen estudiar medicina. No pudo hacerlo por las exigencias que le imponía de joven su carrera como futbolista en Atlético Rafaela. Zaguero rudo. Se dedicó a los números y contentó a sus padres. Ahora maneja una caja millonaria que financia a todo el Poder Judicial. Aquella jugada de Rosenkrantz falló. Pudo haber sido, a la par, un límite para la paciencia de Lorenzetti. De su oficina nació la idea del recorte de facultades al Presidente. Contó con la solidaridad de Maqueda y Rosatti. La doctora Highton fue y vino varias veces tironeada por la Casa Rosada y el interior del Tribunal que integra. Terminó no votando porque la propuesta de sus pares significó un vaciamiento exagerado, según su criterio, al poder real del titular de la Corte Suprema.

Rosenkrantz no podrá decidir contrataciones en la Justicia por propia voluntad. Como hizo Lorenzetti durante su extenso tiempo. Tendrá que cosechar, al menos, las firmas de otros tres ministros. Incluso ese trío podría hacerlo con autonomía. Golpe severo, sin dudas. Que el jefe del cuerpo prometería resistir, después de la feria de verano, con una argumentación: correspondería a él solo la libre disponibilidad del dinero que el Presupuesto otorga a la Justicia.(CLARIN)

 

 

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